Miércoles 13 noviembre 2019

La condena contra el hermano del presidente de Honduras agudiza la crisis del país

La condena en EE.UU. por narcotráfico contra el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha agudizado la crisis política y social que vive el país desde 2009.

Luego de que el jurado de la corte del Distrito Sur de Nueva York resolviera el viernes, después de un juicio que comenzó el pasado día 2, que “Tony” Hernández es culpable por cuatro delitos ligados al narcotráfico, las principales fuerzas de oposición se hicieron sentir con protestas, de las que al menos una terminó en violencia.

La protesta promovida por el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 con un golpe de Estado, fue disuelta con bombas de gas lacrimógeno cerca de la antigua Casa Presidencial.

 

La manifestación se desarrollaba pacíficamente, incluso hubo varios discursos, entre ellos el de Hortensia, hija del exgobernante; su esposa, Xiomara Castro, y del propio Manuel Zelaya, entre otros participantes en la protesta.

Pero luego, entre los manifestantes, que habían quemado neumáticos, algunos comenzaron a lanzar piedras a las fuerzas del orden, que respondieron con un descomunal lanzamiento de gas.

También hubo protestas exigiendo la salida de Hernández del poder en varias ciudades que se extendieron hasta horas de la noche.

La oposición política hondureña, que es capaz de crear crisis a cada rato, pero no de resolverlas, de nuevo ha vuelto a pedir la salida de la presidencia de Juan Orlando Hernández, a quien tildan de “narco-usurpador” y acusan de haberse reelegido mediante un “fraude” en las elecciones generales de 2017.

 

Zelaya, quien desde a finales de 2017, luego del “fraude” que asegura hizo Hernández en 2017, ha venido haciendo llamamientos a la insurrección popular, lo que de nuevo pidió el viernes de “manera organizada y permanente” hasta sacar al gobernante del poder.

“Llamamos a toda nuestra militancia a nivel nacional a movilización total, organizada y permanente, con acciones de protestas pacíficas, pero firmes y contundentes”, dijo Zelaya, en cuyo Gobierno, como en otros, el narcotráfico también operó con libertad en Honduras.

La situación de Honduras preocupa porque a raíz de la crisis por el golpe de Estado a Zelaya, su sociedad se dividió y su clase política, desde entonces, no ha sido capaz de resolver la situación.

La crisis iniciada en 2009 ha tenido repercusiones en lo político, social y económico, y se agudizó con el “fraude” que la oposición alega hizo Juan Orlando Hernández para continuar en el poder, pese a que la Constitución de la República no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.

 

El país, con 9,3 millones de habitantes, sigue sufriendo de la violencia criminal que deja entre 10 y 14 muertos diarios, la pobreza que afecta al más del 60 % de su población, una corrupción galopante y un Parlamento que no contribuye a resolver la crisis, sino que le crea más problemas a los hondureños, según diversos sectores.

Actualmente, sectores sociales, entre ellos los obispos de la Conferencia Episcopal, demandan que no entre en vigor en noviembre, como está previsto, el nuevo Código Penal que fue aprobado en mayo, por considerar que está favoreciendo la corrupción e impunidad, flagelos que le han hecho mucho daño al país a lo largo de su historia y han salpicado a los tres poderes del Estado.

Además, esta semana el Parlamento, en el que tiene mayoría (61 de sus 128 diputados) el gobernante Partido Nacional, aprobó a matacaballo una Ley de Fondos Departamentales y de inmunidad parlamentaria, que también cuestionan la oposición y otros sectores.

La crisis ha tenido en octubre un nuevo elemento para agudizarla, el juicio y condena en EE.UU. del exdiputado “Tony” Hernández, que ha salpicado a su hermano Juan Orlando, quien según narcotraficantes que atestiguaron en Nueva York, recibió dinero de Joaquín “el Chapo” Guzmán para financiar sus dos campañas presidenciales.

El presidente ha rechazado todas las acusaciones y reiterado que no son creíbles declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos, a quienes se les incautaron bienes que amasaron con el tráfico de drogas en el país y negociaron con autoridades de EE.UU. para que les reduzcan sus penas, y en venganza lo han acusado a él.

 

 

El juicio contra “Tony” Hernández también salpicó al expresidente Porfirio Lobo, quien además tiene a un hijo preso y condenado a 24 años de cárcel en Nueva York, por narcotráfico.

La Conferencia Episcopal dijo esta semana en un comunicado que la lacra del narcotráfico es una realidad sostenida por hombres “sin escrúpulos” que ha permeado las instituciones del país y deteriorado la imagen de la nación.

Los obispos señalaron además que nada de lo realizado por grupos del narcotráfico en Honduras podría “haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que por la razón de su ser estaban llamados a defender la vida y a proporcionar seguridad a todos”.

“Debemos admitir que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo”, subrayó la Conferencia Episcopal.

Honduras también sufre la falta de verdaderos líderes en sus instituciones políticas, tanto, que ninguno de las principales fuerzas de oposición le genera confianza a un pueblo ansioso de paz, trabajo, seguridad, justicia y una verdadera democracia que no se resuma en asistir a las urnas cada cuatro años a votar. (Efe):


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