Domingo 15 diciembre 2019
Phoenix MediosJueves 5 diciembre, 2019
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Quito (EFE).- La Fiscalía General del Estado ecuatoriano descartó este jueves emitir un dictamen acusatorio contra la exlegisladora Sofía Espín en un proceso de indagación fiscal en el que ha sido implicado el expresidente Rafael Correa, al que es afín.

La fiscal general Diana Salazar explicó en un comunicado que su dictamen abstentivo respondió a que, “a diferencia de otros casos, en este no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”.

La Fiscalía envió hoy al juez nacional Iván Saquicela la resolución relativa a Espín, así como también a la abogada Yadira Cadena contra la que también se abstuvo de acusar en la misma causa.

Ambas figuran dentro de la instrucción fiscal que investigaba el presunto delito de fraude procesal en el grado de tentativa.

Las sospechosas habían sido señaladas por haber tratado presuntamente de persuadir a una testigo de cargo del caso del secuestro del político opositor Fernando Balda, a fin de que no acusara al expresidente.

Pero la fiscal general del Estado descartó que los hechos fueran constitutivos de delito del tipo penal de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En su dictamen, Salazar agregó que la visita de las procesadas a la entonces detenida y testigo Diana Falcón en un centro de detención el 24 de septiembre de 2018, “no constituye por sí sola delito de fraude procesal, en tanto dichas pretensiones no fueron acogidas por Falcón, quien, al contrario, las evidenció públicamente”.

La formulación de cargos contra Espín tuvo lugar bajo la gestión de la anterior fiscal general interina, Ruth Palacios.

Espín, que siempre se declaró inocente del delito del que la acusaban, aprovechó que no se solicitaron medidas cautelares contra ella para salir del país y refugiarse en un primer momento en Bolivia, acusando a los órganos judiciales de persecución política por pertenecer a las filas correístas.

Fuentes allegadas a Espín, que fue destituida como asambleísta por la Asamblea Nacional (Parlamento) en noviembre de 2018, aseguraron a Efe que en la actualidad se encontraría en otro país, al que se habría desplazado a raíz de las recientes movilizaciones en Bolivia.

Al justificar su decisión, Salazar adujo que “la Fiscalía General del Estado rige todas sus actuaciones a la luz de la verdad procesal, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales”.

“Hemos sido enfáticos en esto y lo demostramos con hechos: Fiscalía no persigue personas sino delitos”, aseguró.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, rechazó hoy cualquier posibilidad de que Espín pueda ser restituida en el cargo.


Phoenix MediosLunes 25 noviembre, 2019
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Quito(EFE).- El 86 % los femicidios judicializados en Ecuador acabaron con sentencia condenatoria, delitos que representan el 36 % de la causa de muertes violentas de mujeres en el país, indica el primer boletín criminológico elaborado sobre la materia.

“El 86 por ciento tuvieron una sentencia condenatoria y el 82 por ciento de todas ellas se sancionaron con el máximo de la pena, algunos hasta 40 años de cárcel en casos particulares con agravantes”, explicó este lunes a Efe la directora de Política Criminal de la Fiscalía, Ximena Coello.

En una entrevista con Efe, la responsable ofreció detalles del primer documento oficial sobre femicidios en el país, de reciente publicación y que ha elaborado el órgano fiscal en conjunción con otras instituciones y que mide la incidencia del fenómeno desde que en 2014 se tipificó el femicidio como delito en el entonces nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Hasta la fecha las estadísticas sobre el asesinato de mujeres por el hecho de serlo o por una relación de poder con sus victimarios, eran recogidas principalmente por el aparato judicial y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), pero ahora la Fiscalía General ha analizado los datos y puesto en común variables para poder determinar con mayor exactitud las causas, circunstancias y favorecer la generación de políticas públicas.

El análisis data de agosto de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019, si bien Coello indica que habría que sumar otra veintena de casos de muertes por violencia machista en el país registrados en meses recientes.

Entre los más relevantes hasta la fecha de corte, figura que han ocurrido 935 muertes violentas de mujeres de las que “el 36 por ciento son femicidios”, y que hay provincias más violentas que otras y no necesariamente por su alta densidad de población.

Así, las provincias de Pichincha (donde se ubica Quito), Guayas (con Guayaquil) y Manabí son las que reportan una mayor incidencia e los casos, con 65, 60 y 37 casos, respectivamente.

Sin embargo, un ránking por ciudades con mayor número de casos incluye a Loja, en el sur del país andino, “que no contempla cifras alarmantes de criminalidad en general”, subraya Coello.

“Nos llama la atención que el 65,4 por ciento de las mujeres muertas en el marco de este delito tenía entre 15 y los 34 años de edad”, añade la responsable de la Fiscalía, de las que la mayoría eran madres, estudiantes o amas de casa.

El denominador común de este tipo de muertes es que las víctimas generalmente no tenían ingresos económicos, lo que según la responsable, “va de la mano del análisis de los círculos de violencia y dependencia económica con el agresor”.

Especial preocupación despierta el hecho de que los agresores han dejado un elevado número de hijos huérfanos -el 69 por ciento de las víctimas eran madres- y que muchos de ellos se suicidaron.

“Hay que tomar en consideración los casos en los que el agresor se ha suicidado, en el 16 por ciento de las causas en las que el agresor afronta un proceso penal se suicida y se extingue la acción penal”, destaca y llama la atención sobre la necesidad de protección a los hijos.

En ese sentido recuerda que el presidente Lenín Moreno mediante un decreto ofreció ayudas estatales en caso de una sentencia condenatoria y que habría que llevar a cabo un “análisis más profundo para todas víctimas indirectas en el caso de que no haya sentencia por extinción de la acción penal”.

La tónica de este tipo de casos es que víctimas y victimarios mantienen algún tipo de parentesco ya que en el 71 por ciento de los casos los verdugos eran convivientes, cónyuges o parejas, y en el 23 por ciento eran exconvivientes, excónguyes o exparejas.

Apenas el 4,5 por ciento tenía una relación de poder con la víctima ajena a un lazo sentimental.

Y las circunstancias siguen siendo propias de violencia doméstica siendo la primera causa de muerte por arma blanca, la segunda por arma de fuego, “dato alarmante puesto que en Ecuador está prohibida la tenencia de armas”, y la tercera por estrangulación.


Phoenix MediosJueves 7 noviembre, 2019
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Quito (EFE).- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó este jueves la orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, vinculado a un caso de presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias conocido como “Sobornos 2012-2016”, informó la Fiscalía.

El Tribunal acogió un pedido fiscal y reiteró la orden de prisión preventiva, con fines de investigación, contra Correa y otros ex altos cargos de su Administración (2007-2017), incluido su exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por estar involucrado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Los jueces David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, del Tribunal de la Corte Nacional, aceptaron el pedido del fiscal que sigue el caso, Wilson Toainga, y resolvieron negar los recursos de apelación que habían interpuesto los abogados de Correa, Glas y otros involucrados, identificados como Yamil M., Vinicio A., Cai R. y Walter S.

La defensa de los acusados había solicitado que se revocara la orden de prisión preventiva, tras aducir que no se habían cumplido los requisitos para dictar dicha medida, recordó la Fiscalía en un comunicado difundido tras concluir la audiencia en la Corte.

Además, los abogados de los sospechosos habían solicitado que se dispusieran otras medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad, lo que también garantizaba la presencia de los involucrados en el proceso.

De su lado, el fiscal Toainga argumentó que esas peticiones no cumplían con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y pidió que se desecharan los recursos.

Ante el argumento de los letrados, en el sentido de que la orden de prisión preventiva era una medida “exagerada” y que respondía a “represalias políticas”, Toainga aseveró que el trabajo de la Fiscalía es “absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la Constitución y la Ley”.

El Tribunal resolvió, por unanimidad, ratificar la prisión preventiva al considerar que la decisión inicial de la jueza que lleva el caso, Daniella Camacho, cumplía con los requisitos establecidos en el COIP y que, por lo tanto, la orden de prisión preventiva estaba totalmente motivada y justificada con base en el principio de legalidad.

Recordó que, en este caso, la Fiscalía del Estado investiga los presuntos aportes realizados por contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio del grupo político que lideraba Correa.

Además, el Ministerio Público indicó que la audiencia preparatoria de juicio en contra de veinticuatro personas vinculadas al caso, se reinstalará el próximo 11 de noviembre.

La jueza Daniella Camacho, en esa audiencia, decidirá además sobre la existencia de presuntos vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad, como advierte la defensa de los acusados.

El expresidente Correa, que reside en Bélgica desde 2017, ha denunciado una presunta persecución política en su contra por parte de su sucesor y acérrimo rival, el mandatario Lenín Moreno.

Este miércoles, Correa, durante una visita a México, denunció incluso una eventual operación judicial contra los exlíderes progresistas latinoamericanos y bromeó con que a él se le persigue más que al mafioso Al Capone, al dictador Augusto Pinochet y al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Tengo 29 juicios penales, más que Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos. Han buscado mis cuentas bancarias, mis movimientos financieros y migratorios (…) y no han encontrado absolutamente nada y jamás lo encontrarán porque sencillamente no existe”, dijo Correa durante una conferencia magistral en Ciudad de México.

Aseguró que sufre de una persecución por parte del presidente Moreno, a quien tachó de “traidor” por querer “destruir” su legado y “vender el país” al Fondo Monetario Internacional (FMI).



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