miércoles 30 septiembre 2020
Phoenix Mediosmartes 16 junio, 2020
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Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados español rechazó este martes investigar las presuntas comisiones irregulares recibidas por el rey emérito Juan Carlos, aunque el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Mesa del Congreso, el órgano que regula la actividad parlamentaria y en la que están representados los partidos mayoritarios, votó hoy en contra de la formación de una comisión parlamentaria de investigación de las actividades financieras del exmonarca.

El Partido Socialista en el poder (PSOE) propició el rechazo, al unirse al conservador Partido Popular (PP) y al ultraderechista Vox en rechazar la comisión, mientras que el izquierdista Unidas Podemos (UP), socio de los socialistas en la coalición de Gobierno, fue el único miembro de la Mesa que votó a favor.

El argumento defendido por el PSOE, según fuentes parlamentarias consultadas, es el mismo que el esgrimido por los expertos legales del Congreso en un informe divulgado ayer lunes, y que considera que la inviolabilidad jurídica del rey es de efectos “permanentes”.

La creación de la comisión de investigación había sido solicitada por UP y un grupo de pequeños partidos izquierdistas, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.

Tras la votación, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), lamentó la posición de los socialistas, al señalar que habrá muchos votantes del PSOE “que no entenderán que el Parlamento no pueda discutir sobre esta cuestión”.

Otras peticiones anteriores de investigar a la Casa Real o sus miembros fueron rechazadas por la Mesa del Congreso según el criterio de los servicios jurídicos: la inviolabilidad del rey es permanente.

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo sí asumió la investigación sobre la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España y, con ello, según el criterio de Fiscalía, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.

Esa fiscalía asumió la pasada semana la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), adjudicada en 2011 a un consorcio de empresas españolas.

La decisión de la fiscalía llegó tras comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, indicó la fiscalía en un comunicado.

En los últimos meses, Juan Carlos I, rey entre 1975 y 2014, ha sido objeto de informaciones en España y Suiza acerca de su relación con dos fundaciones en territorio suizo e investigadas por las fiscalías de ambos países por su posible relación con operaciones financieras sospechosas, una de ellas por esas supuestas comisiones ilegales.

La Casa Real anunció en marzo pasado que el rey Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre, al que también había decidido retirar su asignación presupuestaria.


Phoenix Mediossábado 30 mayo, 2020
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Madrid (EFE).- Insultos, bulos, acusaciones virulentas -muchas veces falsas-, exageraciones… la política española está cayendo a niveles cada vez más bajos con la pandemia de coronavirus, al contrario de la calma institucional de países vecinos que afrontan la misma crisis sanitaria.

Con expresiones como “hijo de terrorista”, “plañideras sinvergüenzas”, “burro de Troya”, “fascista”, “traidor”, “chavista” o “golpe de Estado” saliendo casi a diario de la boca de responsables políticos, el nivel de la política doméstica sufre mientras la agresividad aumenta a nivel ciudadano.

Además, también han vuelto las agresiones e intimidaciones a periodistas y reporteros gráficos durante manifestaciones contra el Gobierno de izquierda, algo por lo que la organización Reporteros Sin Fronteras ya mostró su preocupación, especialmente al partido ultraderechista Vox, impulsor de esas protestas.

En esto, el país se distancia de sus vecinos europeos y vuelve una vez más, aunque con distinto significado, al viejo eslogan de “España es diferente” que en los años 60 del pasado siglo abrió al turismo internacional un territorio hasta entonces cerrado sobre sí mismo.

Tras varias semanas de tensión creciente, el punto más bajo se alcanzó esta semana, cuando la portavoz del Partido Popular (PP, conservador y primera fuerza opositora) en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, llamó “hijo de terrorista” al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Un día después, el propio Iglesias, líder de la formación izquierdista Unidas Podemos, afirmó en una comisión parlamentaria que a Vox “le gustaría dar un golpe de Estado”.

Todo esto sucede después de semanas en las que desde la oposición de derecha se acusó al Gobierno de coalición izquierdista que preside el socialista Pedro Sánchez, de ser el culpable de las víctimas del coronavirus y de querer establecer medidas totalitarias aprovechando las medidas de confinamiento para contener la pandemia.

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO, PREOCUPADA POR RETÓRICA BELIGERANTE

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, reconoció este sábado que le preocupa la “retórica de confrontación tan beligerante” en la Cámara Baja.

Batet afirmó, en una entrevista radiofónica, que mientras mucha gente está sufriendo por la crisis económica y social causada por la pandemia, los ciudadanos buscan “soluciones, alternativas, ideas y ejemplaridad, personas en las que confiar”, algo que, a su juicio, no encuentran en estos momentos en los políticos.

Pero, mientras en otros países como el vecino Portugal, los partidos de la oposición colaboran con los gobiernos para envidia de los ciudadanos españoles ¿a qué se debe la particularidad de España?

Para Ernesto Pascual, profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC, Barcelona), el origen está en la competencia dentro de los bloques (derecha e izquierda), que hace que el PP intente recuperar los votos perdidos a favor de Vox en las distintas elecciones del año pasado.

“El PP, en lugar de hacer una oposición al servicio del Gobierno, busca reagrupar los votos más a la derecha”, con lo que la polarización política “aumenta todavía más”, explica a Efe.

Pascual añade que parte del relato conservador “está en la desligitimación del Gobierno”.

Por ejemplo, cuando se anunció que se investigaría la difusión de bulos en redes sociales (como las estafas con tratamientos falsos para curar la COVID-19), el Gobierno fue criticado por la derecha por supuestamente coartar la libertad de expresión.

Manuel Díaz, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas (UPC, Madrid), coincide también en el intento del PP de recuperar los electores que se le fueron a Vox, “y se ve arrastrado al extremo”.

EL PESO DE LA HISTORIA

Pero también apunta al peso que sigue teniendo la historia contemporánea de España, con dos siglos de enorme inestabilidad política.

Marcada por la confrontación entre conservadores y progresistas, entre los siglos XIX y XX, España tuvo en ese período ocho constituciones, tres guerras civiles y dos dictaduras (estas, en el último siglo).

Tras una transición a la democracia “modélica” después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, “esta historia reciente pesa” y sigue habiendo “mucho guerracivilismo”, reconoce Díaz a Efe.

Este profesor apunta también a la complicada aritmética parlamentaria, con los grandes partidos de centroderecha y centroizquierda (PP y Partido Socialista, PSOE) debilitados por la aparición en los últimos años de formaciones a sus extremos (Vox y Unidas Podemos).

Aún así, Díaz reconoce que esta polarización creciente es “un juego en el que han entrado todos”, por lo que “todos tienen un poco de culpa”.

En las últimas semanas, el partido liberal Ciudadanos, que en el último año se alió claramente con PP y Vox pero sufrió un descalabro en las elecciones generales de noviembre, ha buscado una vía centrista y moderada, apoyando al Gobierno de forma decisiva en la aprobación de dos prórrogas del estado de alarma.

“La polarización sigue aumentando, pero las encuestas muestran que los bloques no se mueven. Si Ciudadanos mantiene la estrategia, a largo plazo saldrá beneficiado”, considera el profesor Pascual.

Para Díaz, el centro y el centroderecha deben superar que están en la oposición y, “por el bien del país”, trabajar para la ciudadanía en lugar de tratar de “derribar al Gobierno”, ya que “no hay alternativa” a la actual mayoría parlamentaria que apoya al Ejecutivo.

“España es diferente” en esto, no duda en reconocer Díaz. Su colega Pascual concurre, y recuerda que, en los países de Europa con una extrema derecha potente, estas formaciones “se han visto condicionadas” por el apoyo de la gran mayoría de los partidos a las restricciones aprobadas por los distintos gobiernos.


Phoenix Mediosjueves 21 mayo, 2020
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Madrid (EFE).- Las medias extraordinarias para controlar la desescalada del confinamiento por la pandemia ponen en peligro las alianzas políticas que el Gobierno español tiene y que necesita para mantener la legislatura, dada su debilidad parlamentaria.

Mientras los contagios por coronavirus están cada vez más controlados y el número de fallecidos se sitúa por debajo del centenar en los últimos cuatro días, la tensión política aumenta.

El ejecutivo de coalición progresista, formado por el partido socialista (PSOE) y Unidas Podemos, consiguió este miércoles el apoyo parlamentario para prorrogar durante quince días más el estado de alarma, instrumento que permite mantener las restricciones a la movilidad para frenar la expansión del virus, aunque con una mayoría más ajustada que en las cuatro ocasiones anteriores.

Pero las negociaciones para conseguir los apoyos han provocado una tormenta política, después de haber pactado con los independentistas radicales vascos (EH-Bildu), a cambio de su abstención, la derogación total de la reforma laboral del anterior gobierno conservador del Partido Popular (PP), sin darlo a conocer en el debate y que horas más tarde, después de sacar adelante la votación, el PSOE rectificó.

Tanto el acuerdo como la posterior rectificación han causado una tormenta política en España.

A raíz de conocerse ese acuerdo, el líder del PP, Pablo Casado, arremetió duramente contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por negociar el estado de alarma “con los proetarras”, en referencia a la cercanía que en el pasado tuvo esa formación política vasca con la banda terrorista ETA.

También desde la principal organización empresarial española (CEOE) y la organización de las pequeñas y medias empresas (Cepyme) rechazaron este jueves “con total rotundidad” el acuerdo.

La derogación de la reforma laboral fue un caballo de batalla de los partidos de izquierda en España y uno de los puntos más conflictivos en la negociación de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y, aunque ya hay puntos que están derogados, como los despidos causados por bajas por enfermedad, otros se mantienen vigentes.

La minoría parlamentaria de la coalición de gobierno, que suman 155 escaños de los 350 de la Cámara, obliga a continuas negociaciones, pero en el caso de las medidas de confinamiento por la pandemia, algo que el Ejecutivo considera imprescindible, los partidos aprovechan para demandar otras peticiones políticas, que nada tienen que ver con la gestión de la pandemia.

En esta última ocasión, el Gobierno sacó adelante su propuesta con los votos a favor de dos partidos de centroderecha: Ciudadanos (liberales) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ideológicamente están en el polo opuesto que EH-Bildu.

Sin embargo, perdió el apoyo de los independentistas catalanes de ERC (republicanos de izquierda), cuyo portavoz, Gabriel Rufián, advirtió de que con esos acuerdos estaban poniendo en peligro “el espíritu de la investidura”, en referencia al apoyo que el PSOE recibió de todos los partidos de progresistas y pidió a Sánchez que eligiera entre los posibles socios.


Phoenix Mediosjueves 14 mayo, 2020
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Madrid (EFE).- España cumple este jueves dos meses con medidas de excepción por la pandemia de coronavirus, en medio de un proceso de lenta apertura de la vida social y económica, que avanza más según los territorios, y con una importante división política sobre cómo afrontar la desescalada.

Uno de los países más afectados del mundo por la enfermedad, con 27.321 muertos y 229.540 casos diagnosticados, España afronta ahora una grave crisis económica con serias consecuencias sociales.

Con la enfermedad controlada, y a pesar de la fuerza con la que la pandemia golpeó al país, España no tiene “inmunidad de rebaño” en caso de que hubiera un rebrote, según mostraron ayer los resultados preliminares de un estudio de seroprevalencia sobre la población.

RIESGO DE REBROTE

Esos resultados indican que solo un 5 por ciento de la población española tuvo contacto con el coronavirus y desarrolló anticuerpos del mismo, mientras que para la inmunidad de rebaño se considera necesario un mínimo del 60 %.

Esto muestra que las medidas de una desescalada por fases y en función de la situación sanitaria de los distintos territorios que diseñó y aplica el Gobierno “son las correctas”, afirmó hoy en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

España registró 217 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, tras cinco días por debajo de la barrera de los 200 fallecimientos diarios, aunque Simón recalcó que aún es pronto para que ese incremento pueda deberse al inicio de la fase 1 de desescalada que comenzó el pasado lunes en amplias regiones del país.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió extremar las precauciones “más que nunca” para evitar que el progresivo desescalamiento del confinamiento pueda causar un rebrote de la enfermedad, y recordó que el Ejecutivo se plantea hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos.

DIVISIÓN POLÍTICA Y PROTESTAS DE LA DERECHA

Mientras tanto, la unidad política casi total que hace dos meses respaldó la declaración del Gobierno del estado de alarma y la puesta en cuarentena del país es ya historia, y los principales partidos de derecha (Partido Popular, PP) y extrema derecha (Vox), segunda y tercera fuerzas parlamentarias respectivamente, no apoyarán en el Congreso extender las medidas especiales.

El Gobierno español -una coalición del Partido Socialista (PSOE) y la federación izquierdista Unidas Podemos- no tiene mayoría parlamentaria, por lo que busca apoyo de pequeñas formaciones nacionalistas, regionalistas y centristas para lograr la próxima semana una nueva prórroga del estado de alarma.

Sin embargo, PP y Vox llevan ya varias semanas lanzando duros ataques al Gobierno aprovechando la crisis sanitaria causada por la pandemia y las importantes consecuencias económicas y sociales.

Ambos partidos apoyan (en el caso de Vox, abiertamente) las pequeñas protestas -caceroladas incluidas- contra el Gobierno que en los últimos días tienen lugar a diario en una calle de uno de los distritos más ricos de Madrid, el de Salamanca, enarbolando banderas de España y algunos símbolos ultraderechistas, mientras gritan “Libertad” y “Gobierno dimisión”.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, alentó hoy a los españoles a que salgan a manifestarse “donde les dé la gana” pero guardando la distancia de seguridad, mientras que la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), defendió que los ciudadanos puedan salir “libremente a manifestarse, aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle”.

LA CRISIS QUE YA ESTÁ AQUÍ

A nivel económico, el parón de gran parte de la economía para frenar los contagios durante dos meses ha causado una caída del producto interno bruto (PIB) del 5,2 por ciento interanual en el primer trimestre y una destrucción de casi 950.000 empleos del 12 de marzo al 30 de abril.

Esta debilidad de la economía se confirmó hoy con el anuncio de que el índice de precios de consumo (IPC), el principal medidor de la inflación, cayó un 0,7 % interanual en abril.

Y a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno para evitar despidos y desahucios por no pagar alquileres, esta incipiente crisis está causando ya muchas víctimas, con un fuerte aumento de la demanda de ayuda a los servicios sociales, incluso con colas para la recepción de alimentos y productos básicos en grandes ciudades.

Personas con empleo temporal que perdieron su trabajo o inmigrantes prisioneros de la economía informal figuran entre los principales demandantes de esta ayuda de emergencia, organizada por ayuntamientos.

Otro sector con serios problemas es el de la educación, pues no todos los alumnos tienen equipos o acceso a redes para seguir las clases por internet, el único método de aprendizaje posible por el cierre de los centros escolares.

El Ministerio de Educación comenzó a discutir hoy con las regiones el protocolo de seguridad que debe marcar el próximo curso escolar, que comienza en septiembre, y para el que habrá importantes retos de higiene y protección.


Phoenix Mediosmiércoles 15 abril, 2020
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Madrid (EFE).- La situación sanitaria mejora en España y la expansión de la pandemia se ralentiza mientras los partidos de la oposición recrudecen sus críticas al Gobierno por la gestión que está haciendo de la pandemia.

Según los últimos datos oficiales, España registra 172.541 casos de coronavirus y han muerto 18.056 personas por esta enfermedad, aunque el ritmo de nuevos contagios se contiene, con una subida diaria del 1,7 %, la cifra más baja registrada desde el comienzo de la pandemia, mientras aumentan los pacientes curados, que ya son el 39 % de los infectados.

Pero estas cifras positivas no se corresponden con el clima político del país y este miércoles el Congreso de los Diputados acogerá la primera sesión de control al Gobierno desde que se declaró el estado de alarma y el confinamiento de la población, el 14 de marzo, en medio de un ambiente de gran crispación.

El conservador Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición, desconfía del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ante el intento de éste de concertar un gran acuerdo nacional con partidos, gobiernos regionales y agentes sociales para afrontar la crisis económica y social derivada de la pandemia.

La propia convocatoria de la primera reunión en entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado el próximo jueves, anunciada ayer por la portavoz del Ejecutivo, ha sido motivo de polémica, ya que el PP dice que la cita no fue consensuada y se plantea incluso no asistir.

Pero mientras los políticos se enzarzan en el Congreso, la sociedad española está afectada por otros problemas como la amenaza de recesión económica, o la posibilidad de que sus hijos puedan salir a la calle o volver a las aulas.

El Fondo Monetario Internacional pronosticó este lunes una caída de la economía española del 8 por ciento, que el desempleo se disparará al 20,8 por ciento.

Por otra parte, el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnan este miércoles para tratar de definir el cierre del curso escolar tras la clausura de las aulas por el coronavirus y decidir si se evalúa la formación no presencial de los alumnos, así como los contenidos y el formato de la prueba de acceso a la Universidad, entre otros asuntos.

Mientras, el ministerio de Sanidad y la Asociación Española de Pediatría (AEP) trabajan para organizar de manera “coordinada” la salida de los menores a la calle cuando llegue la fase de desescalada por la pandemia del coronavirus.


Phoenix Mediosmiércoles 8 abril, 2020
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Madrid (EFE).- España confirma poco a poco el objetivo de consolidar esta semana la desaceleración de la epidemia de COVID-19, según el Gobierno, aunque el número oficial de víctimas es cuestionado por quienes sospechan que las defunciones son muchas más.

Los partidos de oposición PP (conservador) y Vox (extrema derecha) piden conocer las “cifras reales” de fallecidos, pero el Ejecutivo defiende que los datos que registran las autoridades regionales son “fiables”, si bien puede haber algún posible “desfase” momentáneo de información en algún territorio concreto.

“La definición de caso (de coronavirus) que tenemos en España es de las más exigentes que hay en toda Europa, y toda persona que da un diagnostico positivo y fallece es considerada un fallecido por coronavirus”, y las regiones facilitan los datos “confome” a ello, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que este lunes informará al Congreso sobre la evolución de la epidemia.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia comenzó a recopilar diariamente el número de defunciones inscritas en todos los registros civiles y las licencias de enterramientos para contar con información “objetiva y veraz” sobre el número de muertes, en una situación de crematorios, funerarias y depósitos de cadáveres desbordados.

Las autoridades sanitarias esperan que la curva de contagios y muertes a causa de la COVID-19 prosiga este miércoles su curso descendente, tras el aumento “ligrerísimo” del martes, atribuido a los habituales retrasos en las notificaciones del fin de semana.

En el plazo de una semana, el incremento diario de casos confirmados se redujo siete puntos, al pasar del 11 al 4 %, lo que confirma la ralentización a juicio del ministro Illa.

El número de infectados sobrepasa los 140.500, el de muertos roza los 13.800 y el de curados supera los 43.200, que son más del 30 % de todos los casos notificados.

Al mismo tiempo, se observa una “cierta bajada” paulatina en la presión que soportan las urgencias y los cuidados intensivos hospitalarios, lo que alejaría el temido riesgo de colapso sanitario.

En esta situación, el Ejecutivo opta por ser cauteloso sobre cuándo y cómo será transición hacia el final del confinamiento de la población, siempre de manera paulatina, “ordenada y segura”, y se remite a la evolución de la epidemia y las evidencias técnicas y científicas para las decisiones que se acuerden en cada momento.

El Gobierno ha solicitado al Congreso prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril (fue declarado el 14 de marzo) para afianzar la contención de la epidemia.

Las actividades económicas no esenciales se reanudarán el lunes próximo, tras quedar paralizadas desde el 30 de marzo para reforzar la contención de los contagios.


Phoenix Mediosmartes 31 marzo, 2020
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Madrid (EFE).- Mientras en España se espera la estabilización de la curva de la epidemia en los próximos días, las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales están al borde del colapso, con más de 5.200 ingresados, y se resquebraja el frágil apoyo de la oposición al Gobierno de izquierdas, tras decretar la suspensión de actividades no esenciales.

En este mes de marzo la pandemia de coronavirus se ha extendido rápidamente y se ha pasado de 73 casos el primer día del mes, a los 85.195 registrados este lunes, con lo que España supera a China – origen del contagio – y se convierte en el segundo país más afectado de Europa, por detrás de Italia.

Si bien el porcentaje de incremento de casos se ha ralentizado, lo que hace pensar a los expertos que el punto más alto de la curva está próximo, la ocupación de las UCI está al máximo, sobre todo en las regiones más afectadas: Madrid y Cataluña, donde estas unidades están al 80 % de ocupación.

Se suceden las quejas de los sanitarios por falta de material, tanto médico como de protección, a lo que hay que sumar en número de afectados en el sector, que supera los 12.000.

Otra cifra preocupante es el número de fallecidos, que ayer alcanzó los 7.340, con más de 800 víctimas respecto al día anterior.

Dado que el mejor remedio para vencer al virus es frenar los contactos sociales y la movilidad, desde este martes está plenamente en vigor el decreto del Gobierno español la suspensión de toda actividad, excepto las consideradas esenciales para combatir la pandemia y sobrellevar la vida diaria de las personas hasta el 9 de abril.

Pero esta medida, demandada por los sindicatos, ha roto el frágil consenso que existía en torno al Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que desde que surgió la crisis ha centralizado todas las decisiones sobre la misma, una medida extraordinaria en un Estado donde las regiones (Comunidades autónomas) gozan de una amplia autonomía.

Las críticas a la decisión de “hibernar” la economía vienen tanto por parte de empresarios como de partidos políticos, sobre todo del conservador Partido Popular (PP), principal grupo de oposición.

Pero también del Partido Nacionalista Vasco, uno de los grupos que da apoyo parlamentario al ejecutivo de coalición progresista, presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Mientras, el Gobierno trata de paliar las consecuencias de la paralización económica con medidas a favor de los grupos más afectados, como el de los trabajadores autónomos o las personas que no puedan pagar el alquiler de sus casas, después de cesar la actividad, que tiene previsto aprobar hoy.


Phoenix Mediossábado 4 enero, 2020
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Madrid (EFE).- El Congreso español vivió este sábado un debate de investidura del socialista Pedro Sánchez como jefe del Gobierno lleno de duras acusaciones, incluso de insultos, que se impusieron a la discusión política, mientras que el resultado de la votación pende de un hilo.

Con la discusión sobre el independentismo en la región de Cataluña polarizando el debate, cuestiones como el patriotismo y la unidad nacional dominaron gran parte de las intervenciones, en las que la oposición de derecha agitó con profusión el fantasma de la ruptura entre españoles.

El resultado de la votación del martes por mayoría simple sigue muy ajustado, con apenas dos votos de diferencia, después de que la diputada de un pequeño partido regional anunció hoy que votará “no” a Sánchez en contra de la decisión adoptada por su formación.

Sánchez, presidente del Ejecutivo en funciones y líder del Partido Socialista (PSOE), presentó durante cerca de dos horas un programa de Gobierno progresista en coalición con la formación izquierdista Unidas Podemos (UP).

PROGRAMA SOCIAL, DEBATE SOBRE CATALUÑA

Entre la larga lista de objetivos que desgranó el dirigente socialista destacó el campo social, como el aumento de los ingresos más bajos, la subida de las pensiones, la recuperación de derechos laborales perdidos durante los gobiernos del conservador Partido Popular (PP) o la mejora de servicios públicos como sanidad o educación.

Sánchez, vencedor de las elecciones del pasado 10 de noviembre pero sin mayoría, se presentó como la única alternativa matemática que hay en el Congreso para romper con el bloqueo político que impidió formar un Gobierno tras los primeros comicios celebrados en abril.

El dirigente socialista intentó lanzar un debate constructivo, centrándose en medidas y propuestas.

EL SEPARATISMO CATALÁN CENTRA LA DISCUSIÓN

Pero lo que realmente dominó la discusión fue la región de Cataluña y su importante corriente independentista, pues la oposición de derecha y ultraderecha considera que los acuerdos del PSOE con el partido independentista catalán de izquierda ERC son una cesión a los secesionistas que pone en peligro la unidad nacional.

“No se va a romper España, no se va a romper la Constitución. Se va a romper el bloqueo”, afirmó de forma tajante Sánchez.

También lamentó que la derecha no acepte que ha perdido cinco elecciones durante 2019 (dos generales, las locales, regionales y europeas) y siga bloqueando la gobernabilidad del país.

Sin embargo, el jefe del Gobierno en funciones recibió una andanada de ataques del Partido Popular (PP, conservador) y del ultraderechista Vox, centrados sobre todo en las cesiones que consideran que ha realizado a partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes para que le apoyen o se abstengan.

Pablo Casado, presidente del PP (segunda mayor bancada del Congreso), denunció que Sánchez “rompe con la soberanía nacional” y ha dejado que la gobernabilidad del país “descanse en partidos independentistas”.

Y Santiago Abascal, presidente de Vox (que tiene el tercer mayor grupo en el Congreso), elevó el tono, empleando repetidamente términos como timador o traición.

En una intensa serie de réplicas y contrarréplicas con ambos, Sánchez les acusó de utilizar el patriotismo cuando les interesa y de fomentar el alarmismo sin tratar de aportar soluciones.

En favor de Sánchez intervino el líder de UP, Pablo Iglesias, quien destacó el contenido social del Gobierno de coalición pactado con los socialistas, que busca que “España sea un referente para Europa y para el mundo de la justicia social”.

El Gobierno pactado por PSOE y UP sería el primero de coalición en la historia reciente de España, y entre sus medidas sociales destacan también el control del precio de los alquileres de la vivienda o la lucha contra la pobreza infantil, junto con el combate al cambio climático y la transición hacia la economía digital.

SÁNCHEZ, MAYORÍA MUY ESTRECHA

El Congreso celebrará mañana, domingo, la primera votación sobre Sánchez, para la que se requiere una mayoría absoluta (176 votos sobre 350) que el líder socialista no tiene.

Por ello, el martes habría una segunda votación en las que bastará una mayoría simple de la que Sánchez sí dispone, aunque muy estrecha (167 votos a favor por 165 en contra y 18 abstenciones).

Esa mayoría simple se hizo más estrecha con el anuncio de la diputada Ana Oramas del pequeño partido Coalición Canaria de votar en contra del Sánchez a pesar de que su formación había decidido ayer abstenerse.

Los independentistas catalanes de ERC confirmaron hoy su decisión de abstenerse para facilitar un Gobierno progresista después de que la Junta Electoral Central anunció ayer viernes la inhabilitación del presidente regional catalán, Quim Torra, y se opuso a que el líder de ese partido, Oriol Junqueras, actualmente en la cárcel, tenga inmunidad como miembro del Parlamento Europeo electo en mayo pasado.

El tenso debate en el Congreso y el alarmismo sembrado por la oposición comenzó a trasladarse a la calle, con una manifestación en el centro de Madrid contra la investidura de Sánchez, oficialmente convocada por redes sociales, y a la que asistió el alcalde de la capital, del Partido Popular.


Phoenix Mediosmartes 31 diciembre, 2019
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Madrid (EFE).- El líder socialista español, Pedro Sánchez, se someterá a la votación parlamentaria para su investidura como presidente del Gobierno los días 4 y 5 de enero, y requerirá la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, es decir, al menos el apoyo de 176 diputados.

Si no la consigue el día 7 se realizará una segunda votación en la que solo necesitará una mayoría simple (más síes que noes).

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informó este martes de las fechas a los representantes de los grupos parlamentarios, aunque la convocatoria formal se realizará el próximo jueves, 2 de enero, indicaron a Efe fuentes de la presidencia del Congreso.

El debate de investidura comenzará el sábado 4 de enero. La primera votación será el domingo, día 5, para lo que es necesario mayoría absoluta: 176 votos a favor del presidente.

Si no se alcanzan los apoyos, 48 horas después, el martes día 7, se celebraría la segunda votación, para lo que Pedro Sánchez sería investido por mayoría simple.

Para esa situación es imprescindible la abstención de los 13 diputados de los independentistas catalanes de ERC que el jueves, 2 de enero, comunicarán su decisión tras la reunión de su Consejo Nacional.

Si finalmente deciden abstenerse y facilitar la investidura de Sánchez, la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas se reunirá el viernes 3 para ratificar el acuerdo con la formación catalana y los apoyos con los que cuenta el jefe del Ejecutivo en funciones.

El principal es el de la izquierdista Unidas Podemos (UP), con cuyo líder, Pablo Iglesias, Sánchez firmó ayer un programa de Gobierno de coalición.

El acuerdo incluye medias sociales como la derogación de la reforma laboral puesta en marcha por el gobierno del conservador Partido Popular (PP) y una subida de impuestos a las rentas más altas a partir de 130.000 euros.

El documento, que fue rubricado también por los nacionalistas vascos del PNV, recoge en 51 páginas un compendio de medidas económicas, sociales, feministas, contra la corrupción y por el cambio climático, entre otras muchas.

Este será el tercer intento de investidura de Pedro Sánchez, tras las dos anteriores fallidas, una en 2016 y otra el pasado verano.


Phoenix Mediosjueves 7 noviembre, 2019
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Madrid/Soria (EFE).- Los españoles acuden a votar el próximo domingo en las cuartas elecciones generales en cuatro años, y cada vez son más los ciudadanos que no ocultan su enfado con los políticos, a los que ven incapaces de ofrecer soluciones a problemas acuciantes como el empleo de calidad, el futuro de las pensiones o el abandono del mundo rural.

Además, casi todos los sondeos de voto apuntan a una situación similar a la actual: un Parlamento muy dividido y sin mayorías, es decir, un callejón de muy difícil salida.

“La política se ha convertido en la peste”, censura sin rodeos Belén, una estudiante madrileña. Sus palabras expresan un sentimiento general que se repite en toda España. “Es un fracaso total”, lamenta Blanca, una jubilada de Soria, la provincia menos poblada de España. Su marido, Saturio, carga contra los políticos “que no son capaces de ponerse de acuerdo y afrontar los problemas reales”.

Las elecciones del 10 de noviembre son la repetición de las del pasado 28 de abril, tras las que no se pudo formar un Gobierno, y los sondeos de intención de voto apuntan a que el bloqueo persistirá, salvo que algún partido tome alguna iniciativa inesperada.

El bloqueo se debe básicamente a dos factores: Por una parte cada vez hay más partidos con posibilidades de obtener legisladores, y por otra estas formaciones y sus líderes se mantienen dentro de dos bloques estancos (izquierda y derecha). Ninguno de los dos bloques suma los 175 diputados necesarios para formar Gobierno, y ninguno de ellos se ha visto capaz de tender un puente.

En este escenario, la mayoría parlamentaria final depende de los partidos independentistas de Cataluña (noreste), cuyas instituciones regionales están en pie de guerra contra el Gobierno por la sentencia del Tribunal Supremo que encarceló a sus líderes.

PARÁLISIS POLÍTICA

Mientras, en la calle, los ciudadanos perciben que los problemas del día a día siguen sin atenderse, con Gobiernos en funciones o mayorías muy precarias desde las elecciones de diciembre de 2015, el presupuesto nacional prorrogado desde 2018, y con la atención de los líderes nacionales muy pendiente del desafío independentista catalán.

Así, retos como la cuarta revolución tecnológica e industrial; el cambio climático y la economía verde; la modernización de la educación; la protección del sistema público de pensiones; la creciente desigualdad social o la caída de la natalidad no han podido tratarse adecuadamente por la inestabilidad de los sucesivos gobiernos.

El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez intentó algunos cambios, pero su corta vida (de junio de 2018 a abril de 2019 antes de entrar en funciones) y su frágil base parlamentaria le impidieron lanzar medidas ambiciosas.

EL ORIGEN DEL BLOQUEO

Las elecciones de abril dieron la victoria al Partido Socialista de Sánchez, pero sin mayoría clara (123 sobre 350 diputados). Todo el mundo pensaba que lograría un pacto con la coalición izquierdista Unidas Podemos (42) para luego buscar apoyos entre formaciones nacionalistas y regionalistas.

Sin embargo, ni Sánchez ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cerraron un acuerdo, todo lo contrario: acabaron enfrentados por la exigencia del segundo de formar una coalición de Gobierno, algo que los socialistas rechazan porque prefieren un pacto “a la portuguesa” (Gobierno en solitario con apoyos de otros partidos en el Parlamento).

Sánchez también intentó, sin éxito, que los partidos del centroderecha se abstuvieran y permitieran su ratificación en el Congreso.

La formación de un Gobierno con mayoría absoluta PSOE y los liberales de Ciudadanos apenás fue considerada.

La mayoría de las encuestas apuntan a nueva victoria de los socialistas, otra vez por mayoría simple, y un Parlamento dividido en más grupos políticos. Los conservadores y la extrema derecha subirían, y los nacionalistas vascos e independentistas catalanes mantendrían su influencia.

Por ello, la etapa de inestabilidad y de gobiernos débiles de centroderecha y centroizquierda que comenzó en España a finales de 2015 amenaza con prolongarse.

“QUE ALGUIEN GOBIERNE DE UNA VEZ”

Sin embargo, estos comicios podrían favorecer la concentración del voto (“voto útil”) en los partidos con más posibilidades de gobernar -el socialista PSOE y el conservador PP-, comenta la profesora de Ciencias Políticas Ainhoa Uribe, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

“El problema de España no es la polarización ideológica entre PSOE y PP, sino su incapacidad para llegar a pactos que faciliten un Gobierno por parte del más votado, evitando así que tengan que pactar con partidos de ideologías más extremas o con los nacionalistas independentistas”, resume.

El ambiente de hastío ciudadano, que probablemente se traduzca en un aumento de la abstención, se percibe claramente: un 35 % de los abstencionistas argumentan que están hartos de la política; un 22,5 % rechazan la repetición electoral y otro 22 % no piensan votar porque no les convence ningún partido o líder, según una encuesta oficial realizada entre septiembre y octubre.

Y los políticos siguen siendo el segundo problema que más preocupa a los españoles, detrás del desempleo. Y esa desafección es mayor entre los jóvenes.

“La mala imagen de la política en España es un tema que viene de lejos, no es de ahora, y conecta con raíces profundas de la cultura política de los españoles”, explica el politólogo Manuel Mostaza.

Una de las consecuencias de la repetición electoral y la inestabilidad política es “un cierto enfado” de una parte de la ciudadanía, pero “aproximadamente al 40 % de los españoles” no les interesa la política, precisa Mostaza, director de Asuntos Públicos de la consultora Atrevia.

“La cuestión no es convocar nuevas elecciones. La cuestión es intentar pactar de alguna manera”, se lamenta Antonio, otro estudiante, residente en Madrid, quien recalca que “en seis meses la gente no cambia de opinión”.

Mucho más dura es Belén: “Me parece muy triste que no podamos creer en nada”.

“Tanta votación, tanta votación… que se pongan de acuerdo entre ellos”, apunta Máximo, otro jubilado soriano. En la misma ciudad, Antonio, un trabajador bancario insiste en la misma idea: “Tienen que pactar entre ellos y punto. Y sacar a alguien que gobierne de una vez”.

HABLAN LOS POLÍTICOS, FRENA LA ECONOMÍA

Todo esto ocurre dentro de una progresiva ralentización de la economía, que aunque crece a un ritmo saludable en comparación con la zona euro, muestra síntomas de agotamiento del ciclo expansivo iniciado en 2014. La mayoría de los indicadores, sin ser malos, apuntan a la baja.

Aunque el PIB crecerá este año un 2,1 %, y el desempleo está por debajo del 14 % (llegó a estar en el 25,77 %), esta última cifra sigue siendo muy elevada. Muchos de los trabajos son precarios y no permiten a los jóvenes independizarse, o a los adultos salir de la pobreza.

Para Gonzalo García, de Analistas Financieros Internacionales (AFI), “el indicador más preocupante es el ritmo de desaceleración del empleo”, que ha sufrido “un freno brusco”. Un ejemplo es el aumento de 98.000 desempleados durante octubre, divulgado este pasado martes.

Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Macroeconómico en la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), se  muestra más inquieto por “el deterioro de la confianza”, tanto a nivel de los hogares, “que empiezan a consumir menos y a ahorrar más”, como de la inversión,  “con un deterioro muy importante de las expectativas”.

Ambos descartan que España esté en camino de  repetir la gravísima crisis económica que comenzó en 2008. “No hay elementos sólidos que abocan a la economía española a una recesión”, recalca Torres.

“La desaceleración es ya intensa y hay riesgo”, advierte García, aunque precisa que se trata de un riesgo de recesión “muy bajo”, y además “España está mucho mejor preparada que en 2008”.

Torres apunta también a la influencia de factores externos, como la larga incertidumbre sobre el “brexit”, la ralentización alemana y el impacto de las guerras comerciales.

El próximo Gobierno estará acuciado por las exigencias casi opuestas de la Comisión Europea,  que pide que se respeten los compromisos de reducción de déficit y deuda públicos, mientras en el frente interno se multiplican la exigencias de gasto (como pensiones, programas sociales o financiación regional).

García cree que, pese a todo, “hay muchas posibilidades” de emprender medidas de política económica y a la vez cumplir las normas de Bruselas.  En esto coincide Torres, quien percibe “un cierto espacio para hacer política económica”, comenzando con “una agenda creíble de reformas” en pensiones o educación. “Llevamos cuatro años sin hacer reformas porque no disponemos de gobiernos estables”, insiste.

CICATRICES SOCIALES SIN CURAR

Mientras la economía se desacelera, la situación social sigue siendo delicada a pesar de la mejoría de los últimos años. “Todavía hay heridas que están abiertas” desde la grave crisis que empezó en 2008, señala Raymond Torres.

Según datos de Cáritas, aún quedan 2,4 millones de personas en situación de pobreza severa, mientras que 1,8 millones (de una población de 47 millones) sufren exclusión social.

“Es verdad que las cosas han mejorado para una gran parte de la población; sin embargo, para los que peor estaban y los que más sufrían la crisis económica es para los que apenas o nada ha mejorado”, explica Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española.

El desempleo se ha reducido bastante los últimos años, pero está todavía en el entorno del 14 % de la población activa, el doble que antes de la crisis, advierte Flores.

Además, tampoco un puesto de trabajo garantiza la integración social, pues hay muchos empleos inestables o de salarios insuficientes, explica. A ello se une el aumento del precio de la vivienda, especialmente de alquiler, inalcanzable para las familias más humildes.

Mientras España ha llegado al décimo puesto mundial por el número de millonarios, según cifras recientes de Credit Suisse, aumenta la desigualdad, que es “más preocupante” entre clases bajas y medias, recalca Flores. España es el sexto país con mayor diferencia de ingresos (2,6 veces) entre ambas, según un informe de la OCDE.

EL GRITO DE LAS ZONAS RURALES

En Madrid, con la ciudad y la provincia más pobladas y más ricas del país, la economía se mantiene en auge gracias al tirón de instituciones oficiales y grandes empresas, pero las provincias menos pobladas sufren cada vez más la falta de oportunidades y el éxodo de los más jóvenes.

Es lo que en los últimos meses se ha venido en llamar “la España vaciada”, formada sobre todo por las provincias rurales del centro de España y las abundantes zonas montañosas, donde la mayoría de la población de comarcas enteras está compuesta por jubilados.

En la provincia de Teruel (centro, una de las menos pobladas) es muy posible que la candidatura del partido creado ex profeso “Teruel Existe” logre uno de los tres diputados en juego.

En la menos poblada, Soria, varios jóvenes reconocen que esta vez no irán a las urnas, viendo que no se atienden los problemas de su tierra: “No voy a votar. Estoy harta ya de tantos votos”, dice la estudiante Judith, mientras que Alex, un dependiente comercial, explica: “No me quedo con ningún partido político”.

FRANCO Y CATALUÑA ENTRAN EN CAMPAÑA

Ante la falta de novedades entre partidos y líderes -apenas pueden prometer nada nuevo desde abril-, los asuntos más destacados de la campaña acabaron siendo la exhumación del dictador Francisco Franco y la violencia del independentismo radical en Cataluña, y ambos parecen estar favoreciendo el ascenso de la extrema derecha de Vox, en el que coinciden las encuestas.

Las encuestas apuntan a que Vox podría ser el tercer partido en el Congreso, ayudado también por el desplome que las encuestas atribuyen al liberal Ciudadanos y al descenso moderado de Unidas Podemos.

La exhumación de Franco fue promovida por el Gobierno de Sánchez en junio de 2018 y se alargó por los múltiples recursos legales de los nietos del dictador que gobernó España de 1939 hasta su muerte en 1975.

La decisión del Tribunal Supremo permitió finalmente que la exhumación de los restos de Franco de su tumba, en el mausoleo del Valle de los Caídos, tuviera lugar el 24 de octubre, en un ambiente de gran carga política y enorme simbolismo histórico.

Y es que mientras los partidos de derecha consideran que el traslado del féretro abre viejas heridas de la Guerra Civil de 1936-1939, los partidos a la izquierda del PSOE criticaron a Sánchez por no retrasar la operación a después de las elecciones y tratar de obtener réditos políticos.

Más trascendencia tiene para el futuro la situación en Cataluña, donde las sentencias que el Tribunal Supremo anunció el 14 de octubre contra los líderes del intento secesionista ilegal de 2017 causó una oleada de grave violencia callejera, centrada en Barcelona.

Peor aún, esa sentencia, con penas de 9 a 13 años de cárcel para nueve condenados, hace casi imposible en la práctica que los partidos independentistas catalanes (que pueden lograr en torno a 25 diputados) apoyen en Madrid a cualquier candidato a presidente del Gobierno que no responda a sus exigencias.

En el lado opuesto, los partidos de derecha insisten en prometer medidas más duras contra los independentistas catalanes y las autoridades de esa región, lo que impide por ahora cualquier atisbo de acuerdo.

El resultado es que Cataluña se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos de escala nacional. Y ahora grupos independentistas radicales amenazan con obstaculizar la votación del domingo en la región. Como reconoce el propio Pedro Sánchez, la crisis catalana “va a durar años”. Y quizá con ella la falta de Gobierno.

Reportaje elaborado por Alida Juliani, Jesús Lozano y Rafael Cañas y editado por Javier Marín



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