martes 19 enero 2021

Vetan expropiación de área de Paraguay donde murieron campesinos y policías

Asunción (EFE).- El Gobierno paraguayo anunció este miércoles el veto total a la expropiación, aprobada por el Congreso, de un área protegida de 1.700 hectáreas donde en 2012 se produjo un choque armado que dejó 17 muertos y motivó la destitución del presidente Fernando Lugo.

Se trata de Marina Cué, una reserva natural en Curuguaty, capital del departamento de Canindeyú, que el proyecto del Congreso buscaba convertir en una asentamiento rural para los campesinos que actualmente ocupan la zona y a través del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Hernán Huttemann, asesor jurídico del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, dijo que la promulgación del proyecto violaría la legislación que en diciembre pasado amplió por otros diez años la denominada ley de Deforestación Cero, que abarca la región oriental del país.

Con base a esa ley volverá a ser presentado otro plan para expropiar 806 hectáreas de tierra ocupadas desde 1.999, con anterioridad a su vigencia, y asentar a esos campesinos, añadió.

En el mismo sentido que Huttemann, la directora de la Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski, dijo que el rechazado proyecto “habla de asentamiento humano y la ley de Deforestación Cero prohíbe cambios en el uso del suelo o actividades de transformación de superficies boscosas para expansión agrícola, ganadera”.

En Marina Cué, habitada por al menos 130 familias según el Indert, fallecieron 11 campesinos y 6 policías durante un desalojo de tierras, un caso conocido en Paraguay como la “matanza de Curuguaty”.

Se produjo el 15 de junio de 2012 cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a un grupo de cerca de 70 campesinos que ocupaban unas tierras para exigir que fueran integradas en la reforma agraria.

Los incidentes se saldaron con la condena de 11 campesinos y ningún agente.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia en julio de 2018 y dejó en libertad a los presos, que cumplían penas de entre cuatro y 30 años de prisión.

La matanza sirvió como argumento para que la oposición impulsara un juicio político contra Lugo (2008-2012), de la concertación de izquierda Frente Guasu, que culminó un mes después.


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